El vicepresidente del Congreso Nacional Hugo Noé Pino, denunció en las últimas horas que existe una campaña de desinformación en torno a la Ley de Justicia Tributaria.

En sus declaraciones, el funcionario explicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tiene la potestad de aprobar o rechazar leyes en el país, sino que se limita a respaldar políticas que busquen mayores ingresos para la consolidación fiscal.

Pino desmintió que la normativa haya sido desechada tras el acuerdo con el FMI, afirmando que sigue siendo un elemento clave en el programa de gobierno.

El comunicado del FMI, según Pino, utiliza un lenguaje diplomático para referirse a la necesidad de racionalizar y organizar las exoneraciones fiscales, que actualmente ascienden a unos 70,000 millones de lempiras.

Este monto, señaló el vicepresidente, es incluso superior al servicio de la deuda externa que el país paga anualmente.

El vicepresidente del Congreso manifestó su optimismo con la aprobación de la ley, pese a que no existe un consenso general. Declaró que varios diputados, de manera individual, han mostrado su disposición a apoyarla por considerarla necesaria para Honduras.

Noé Pino recordó que solo se necesitan 65 votos para que la ley sea aprobada. Añadió que, aunque el ambiente electoral limita las posiciones de algunos diputados, seguirán buscando los votos necesarios para llevar a cabo una normativa que, según él, es de interés nacional.

Declaración oficial del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso en claro su postura y dejó en evidencia la manipulación mediática del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). En una declaración oficial emitida este 22 de septiembre, el organismo internacional reiteró que Honduras mantiene exoneraciones fiscales más altas que el promedio regional y respaldó las acciones del gobierno encaminadas a reducir estos privilegios.

Con esto, el COHEP y sus amplificadores políticos quedan nuevamente en ridículo, luego de haber impulsado una campaña maliciosa contra la Ley de Justicia Tributaria, presentada como una amenaza al desarrollo económico, cuando en realidad busca poner fin a décadas de abusos que han beneficiado únicamente a 10 familias y 25 grupos empresariales.

El FMI enfatizó que su apoyo se centra en fortalecer las finanzas públicas, garantizar la estabilidad macroeconómica y proteger a los más vulnerables, marcando distancia de la narrativa empresarial que defiende intereses privados por encima del bienestar del pueblo hondureño.

La declaración oficial confirma que el FMI seguirá acompañando al país en la implementación de políticas estructurales que promuevan la inversión pública, el gasto social y la reducción de privilegios fiscales que han drenado las arcas del Estado.

Con esta aclaración, el FMI no solo respalda la agenda de justicia tributaria del gobierno, sino que también desarma la estrategia de miedo impulsada por los grupos de poder económico. Una vez más, queda en evidencia que la verdadera resistencia no es por Honduras, sino por mantener los privilegios de una élite que históricamente se ha enriquecido a costa del pueblo.