El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó un voto concurrente acompañado de un análisis jurídico en el que argumenta que el órgano electoral no debe cumplir la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que ordena la inscripción de Jorge Cálix como candidato por Olancho y de Cristhian Villalobos por Valle.
Según Ochoa, el fallo fue emitido sin el quórum requerido, ya que solo fue firmado por dos magistrados, lo que lo invalida desde el punto de vista constitucional.
Además, señala que el proceso careció de formalidades esenciales como la convocatoria oficial y la certificación del secretario general, elementos que considera indispensables para la validez de cualquier resolución judicial.
ARGUMENTOS JURÍDICOS Y CONSTITUCIONALES
El consejero sostiene que el CNE tiene la responsabilidad de ejercer control constitucional y convencional sobre actos que contradigan el marco legal vigente.
En su análisis, cita los artículos 320 y 323 de la Constitución de Honduras, así como el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales establecen que ningún funcionario está obligado a ejecutar disposiciones ilegales y que la Constitución prevalece sobre cualquier otro acto administrativo o judicial.
Ochoa advierte que acatar resoluciones que violan el orden jurídico podría implicar responsabilidades penales y administrativas para los miembros del CNE, incluyendo posibles acusaciones por abuso de autoridad o prevaricato.
El documento también subraya la obligación del Estado hondureño de respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con procesos electorales transparentes, como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Finalmente, Ochoa propone que el CNE continúe con la impresión de las papeletas electorales conforme a la resolución unánime del 8 de octubre de 2025.
