El telón de las maniobras del bipartidismo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se cae a pedazos. Mientras el pueblo hondureño exige transparencia, las viejas cúpulas insisten en un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) que huele a fraude.

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) lo tiene claro: la prioridad no es el circo mediático alrededor de la supuesta renuncia de Ana Paola Hall, sino desactivar la bomba de tiempo que el bipartidismo quiere colar para robarse las elecciones.

El vicepresidente del Congreso Nacional y líder de bancada de LIBRE, Hugo Noé Pino, fue enfático: «Para nosotros en la bancada de Libre esto es secundario. Lo más importante es que se modifique el TREP, porque si no se modifica, se crea un organismo electoral que no existe en la ley».

Con esta declaración, Pino desvió el foco del debate mediático de la posible salida de Hall, para centrarlo en la verdadera amenaza a la democracia.

La trampa del «TREP fraudulento»: una copia de los fraudes pasados

El candidato a designado presidencial, Eduardo Enrique Reina, lo resumió sin rodeos: «No se dejen engañar por el ruido. El tema de fondo… no es la renuncia de la Consejera Ana Paola Hall, es la presión que ella recibe del Partido Liberal precisamente para renunciar, para que participe de manera ilegal en reuniones de un pleno de 2 para que se instaure un fraude electoral con el sistema Batson que sirvió para hacer fraudes en 2013 y 2017».

Reina enfatizó que Hall decidió «no prestarse a violar la Ley» y por eso el Partido Liberal (PL) la quiere remover, una verdad que los «medios corporativos obvian».

El meollo del asunto radica en el fraude a la ley orquestado por las consejeras Cossette López-Osorio (PN) y Ana Paola Hall (PL).

A pesar de que el artículo 279 de la Ley Electoral establece que el CNE debe aprobar por consenso los lineamientos del TREP seis meses antes de las elecciones —hito cumplido unánimemente el 29 de mayo—, estas consejeras aprobaron por mayoría, el 15 de junio, pliegos de condiciones que modifican ilegalmente esos lineamientos.

La Ley Electoral de Honduras es clara: la divulgación de resultados debe ser sin restricciones y continua.

La «segunda verificación» que pretenden implementar es una ilegalidad que no está reconocida en la ley. Solo los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) están autorizados para verificar y validar datos.

El bipartidismo quiere crear un organismo electoral «fantasma» con la potestad de validar o modificar resultados, lo cual es contrario al artículo 32 de la Ley Electoral, que solo reconoce al CNE, CDE, CME y JRV.

Este «modelo de verificación centralizado» es, ni más ni menos, una copia descarada del modelo Batson aplicado en los fraudulentos comicios de 2013 y 2017.

La estrategia del bipartidismo: «tendencia irreversible»

La intención es perversa: el bipartidismo pretende que «dos activistas en Tegucigalpa decidan qué acta se contabilice y qué acta no», buscando salir «a las 9:00 de la noche en cadena nacional informando una ‘tendencia irreversible’ a favor de los candidatos del bipartidismo». Un descarado intento de manipulación masiva.

LIBRE, sin embargo, no se queda de brazos cruzados, Hugo Noé Pino, manifestó la apertura al diálogo, pero reiteró que la verdadera preocupación es la transparencia.

El Acuerdo adoptado por mayoría por las Consejeras debe considerarse inválido, de conformidad al artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que su objeto se configura en un delito.

El CNE está legítimamente facultado para realizar las enmiendas necesarias para retomar la legalidad institucional, algo que LIBRE exige con firmeza. La batalla por la transparencia electoral se libra en cada artículo de la ley, y LIBRE está dispuesto a darla toda.