La preocupación por un posible fraude electoral en los próximos comicios generales de Honduras se intensifica, con analistas y figuras políticas señalando directamente al bipartidismo (Partidos Liberal y Nacional) de orquestar un esquema de manipulación a través del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), similar al utilizado en las cuestionadas elecciones de 2013 y 2017.

Las advertencias se centran en la supuesta intención de «modificar datos» bajo el pretexto de una «verificación» y la ilegalidad de las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El analista electoral Teodoro Sánchez fue enfático al desenmascarar las verdaderas intenciones detrás de las propuestas de mecanismos adicionales al TREP. «¿Cuál es la narrativa de la oligarquía? Ellos quieren incorporar un paso que llaman verificación. ¿Pero qué van a verificar si no tienen las boletas en las manos?… lo que quieren es modificar los datos», cuestionó Sánchez, advirtiendo sobre el intento de alterar los resultados.

En contraste, defendió la postura del Partido Libertad y Refundación (Libre), que, según él, «quiere que se publique la tendencia y el escrutinio general como la ley lo manda».

Sánchez también abordó la situación de la consejera Ana Paola Hall, interpretando su reciente actuación como una respuesta al «malestar por tanta presión que ella recibe… porque no la dejan trabajar».

Respecto a una posible sustitución por Jhosy Toscano, recordó que este fue electo diputado por el Partido Salvador de Honduras y que cualquier nombramiento debe seguir la autoridad partidaria.

Además, alertó sobre la posibilidad de un «empantanamiento» en el CNE, dado que el pleno no puede integrarse solo por dos miembros, y recordó que un diputado que renuncia para otro cargo y no es electo, «pierde la diputación, pierde la nominación y queda inhabilitado».

Finalmente, calificó la situación del Partido Liberal como una «crisis interna», afirmando que está «secuestrado por otras fuerzas».

Por su parte, el candidato a designado presidencial por el Partido Libre, Armando Orellana, reforzó la denuncia, afirmando que más allá de la supuesta renuncia de Ana Paola Hall (que aún no se ha formalizado), «el tema es que detrás de todo ello hay una intención del bipartidismo de montar un sistema, un esquema fraudulento de TREP que busca de alguna manera replicar lo del 2013 y el 2017».

Orellana aseguró que la bancada de Libre «no se va a prestar a este tipo de maniobra» y exigió la corrección de las ilegalidades.

Orellana destacó que el propio documento de Hall, donde manifiesta su disposición a renunciar, «también ahí está claro que se han cometido arbitrariedades y que ha estado presionada por esos grupos de poder para hacer ese esquema maquiavélico, que le daría la única posibilidad para tener de alguna manera incidencia o posibilidades de maniobra en el proceso electoral que definitivamente está por la voluntad del pueblo a favor de Libertad y Refundación».

#Canal8 | 🗣️ El candidato a designado presidencial por Libre, Armando Orellana, afirmó que la supuesta renuncia dentro del CNE es solo una especulación promovida por sectores de derecha. Aclaró que, en todo caso, dicha renuncia tendría que ser aceptada por dos terceras partes del… pic.twitter.com/EgUePvYETU

— Canal 8 (@Canal8_hn) July 24, 2025

El TREP del fraude: un esquema ilegal, según denuncias

Los señalamientos de fraude se fundamentan en varias irregularidades detectadas en la implementación del TREP:

Modificación ilegal de lineamientos: el Artículo 279 de la Ley Electoral establece que el CNE debe aprobar por consenso los medios y lineamientos para la divulgación de resultados preliminares seis meses antes de las elecciones. Este acuerdo se cumplió por unanimidad el 29 de mayo. Sin embargo, el 15 de junio, las Consejeras López-Osorio y Hall aprobaron por mayoría los pliegos de condición del TREP, modificando los medios y lineamientos previamente acordados por el Pleno, lo que se considera un «fraude a la ley».

Segunda verificación sin base legal: la Ley Electoral de Honduras exige que la divulgación de resultados se realice «sin ninguna restricción y de manera continua». La inclusión de una «segunda verificación» es calificada de ilegalidad, ya que no está reconocida en la ley. El único organismo autorizado para verificar y validar los datos de la Junta Receptora de Votos (JRV) son sus propios miembros, quienes realizan esta verificación antes de la transmisión de los resultados desde el centro de votación.

Creación de organismos electorales ilegales: el Artículo 32 de la Ley Electoral reconoce únicamente cuatro organismos electorales: el CNE, el CDE (Consejo Departamental Electoral), el CME (Consejo Municipal Electoral) y las JRV. Los consejeros, como servidores del Estado, no tienen facultades para crear un nuevo organismo electoral con la potestad de validar o modificar resultados. La creación de un organismo que realice una segunda verificación es ilegal y constituye un delito electoral. La única entidad facultada para revisar y validar un resultado de la JRV es el CNE mediante una junta especial de verificación y recuento.

Modelo «Batson» replicado: el modelo de verificación centralizado propuesto es una copia del «modelo Batson» aplicado en 2013 y 2017. La denuncia sostiene que el bipartidismo busca que «dos activistas en Tegucigalpa decidan qué acta se contabiliza y qué acta no», con el objetivo de anunciar una «tendencia irreversible» a favor de sus candidatos a las 9:00 p.m. en cadena nacional.

Necesidad de enmiendas legales: de conformidad con el Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el CNE está legitimado para realizar enmiendas necesarias en los pliegos de condiciones de cualquier proceso de contratación para retomar la legalidad institucional, incluyendo la reprogramación de la fecha de recepción de ofertas del TREP.

Nulidad del acuerdo por mayoría: el acuerdo adoptado por mayoría por las Consejeras debe considerarse inválido, según el Artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que todo acto administrativo es nulo si su objeto se configura en un delito, o si incurre en cualquier infracción del ordenamiento jurídico y exceso de poder. En este sentido, el acuerdo carece de validez legal al ser contrario a la ley.

Estas denuncias ponen en el centro del debate la integridad del proceso electoral hondureño y la necesidad de garantizar que los comicios se desarrollen bajo estricto apego a la legalidad y la transparencia.