La audiencia «Democracia en peligro» convocada por el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se vio envuelta en un escándalo mayúsculo tras revelarse la red de intereses económicos que sostenía a su principal testigo, el abogado y exembajador Carlos Trujillo.
Documentos oficiales de la Ley de Divulgación de Cabildeo (LD-2) ya habían mostrado que Trujillo recibía $120,000.00 de parte del Grupo Financiero Ficohsa de Honduras, por cabildeo.
Sin embargo, la credibilidad de la sesión, impulsada por la congresista María Elvira Salazar, se “comprometió gravemente” cuando Trujillo admitió en la audiencia tener vínculos contractuales tanto con el controversial Banco Ficohsa como con la derogada zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera.
El cuestionamiento que sepultó el testimonio
La objeción decisiva provino del congresista estadounidense Castro, quien tomó la palabra para rechazar enérgicamente la intervención de Trujillo, señalando que su testimonio no podía considerarse imparcial debido a sus lazos con Próspera y la banca nacional.
Funcionarios hondureños en Washington afirmaron que esta objeción fue tan contundente que, de facto, se le retiró la palabra al testigo.
Autoridades estadounidenses señalaron que testigos como Trujillo «no conocen la realidad del país» y mantienen conflictos de interés directos derivados de su relación con la derogada ZEDE Próspera y con entidades bancarias.
La peligrosa trayectoria de Carlos Trujillo
El escándalo se profundizó al exponerse el pasado político internacional de Trujillo, quien ha sido un ferviente partidario de aplicar sanciones económicas contra países como Cuba y ha sido señalado por un rol crucial en la desestabilización de Bolivia:
- Golpe de Estado en Bolivia (2019): Se le ha señalado por haber jugado un rol clave al supuestamente proporcionar y reafirmar el pretexto para el golpe de estado de 2019 en Bolivia, promoviendo falsas denuncias de fraude electoral a favor de Evo Morales, a pesar de la notoria falta de pruebas.
Vínculo con el narcotráfico y la venta de territorio en Honduras
La nota más alarmante que terminó de «sepultar la credibilidad» de la audiencia es el vínculo de Trujillo con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), convicto por narcotráfico en Nueva York.
Fuentes e investigaciones indican que Trujillo sostuvo diversas reuniones con el narcotraficante JOH en un momento crucial en el que ambos buscaban, presuntamente, vender territorio hondureño a través del mecanismo de las ZEDE Próspera.
Preocupación por injerencia electoral
Paralelamente al desarrollo de la audiencia, funcionarios hondureños expresaron su profunda preocupación por esta «posible injerencia extranjera» en los asuntos internos, especialmente de cara a las próximas elecciones generales del 30 de noviembre. Según las fuentes, el perfil del testigo apunta a una campaña de desinformación e influencia externa que busca desestabilizar el proceso democrático del país.
Contrato de cabildeo de Trujillo: $120,000 por servicios financieros
El documento, presentado ante la Oficina de Registros Públicos del Senado de EE. UU. por la firma CONTINENTAL STRATEGY, LLC, detalla la relación contractual:
- Cliente: Grupo Financiero Ficohsa.
- Cabildero (Lobbyist): Carlos Trujillo.
- Ingresos Reportados: La firma reportó haber recibido $120,000.00 por actividades de cabildeo en nombre de Ficohsa durante el Tercer Trimestre de 2025 (julio a septiembre).
- Área de Interés: El cabildeo se centró en el área de Servicios Financieros y fue dirigido a la Cámara de Representantes de EE. UU..
La paradoja de la audiencia de sanciones
La exposición de Carlos Trujillo toma particular relevancia debido a su participación en la polémica audiencia del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, liderada por la congresista republicana María Elvira Salazar, a la que también asistieron líderes de la oposición en Honduras, incluyendo al candidato presidencial Salvador Nasralla.
Durante esa audiencia, el objetivo era presentar un panorama de «Democracia en peligro» en Honduras para, según denuncias del oficialismo, sentar las bases para la imposición de sanciones contra el actual gobierno.
La participación de Trujillo —quien ejerce como Exembajador de EE. UU. ante la OEA —, siendo un cabildero pagado por un gran grupo financiero hondureño, subraya la conexión entre los intereses de la élite económica nacional y los movimientos de la oposición que buscan apoyo e intervención desde Washington.
Esto plantea serias interrogantes sobre si el cabildeo pagado por Ficohsa se limita solo a los «servicios financieros» o si se extiende a apoyar activamente una agenda política que busca presionar y potencialmente desestabilizar la economía hondureña.
