La situación judicial del expresidente y narcotraficante Juan Orlando Hernández (JOH) en Honduras se ha tensado tras confirmarse la existencia de una orden de captura activa en su contra, emitida por el caso Pandora II, a pesar del reciente indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, confirmó que la orden de captura data de 2023 y ya fue comunicada a la Policía Internacional (Interpol).

“Tiene orden de captura,” respondió el fiscal, detallando que si el exmandatario regresa al país, debe ser detenido “como cualquier persona que viene de Estados Unidos con orden de captura” y remitido de inmediato ante un juez.

Hipocresía y culpabilidad: el indulto no borra la condena

El indulto otorgado por Donald Trump —una acción hipócrita para sectores políticos que acusan a EE. UU. de combatir el narcotráfico y, a la vez, liberar a uno de sus mayores capos— libera a Hernández de una condena de 45 años en Estados Unidos, pero no lo declara inocente.

El abogado penalista Marlon Duarte enfatizó que el indulto es una confirmación de la culpabilidad: “Se indultan culpables, se absuelve a inocentes,” indicó Duarte, reiterando que la responsabilidad penal de Hernández en Honduras se mantiene intacta.

Fraude y lavado de activos: el riesgo de Pandora II

La orden de captura se desprende del caso Pandora II, en el cual Hernández es acusado por los delitos de fraude y lavado de activos de al menos 62 millones de lempiras. Estos fondos habrían sido desviados del Estado para financiar sus movimientos políticos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH» entre 2010 y 2013, a través de una red de corrupción que operaba desde el Congreso Nacional y diversas secretarías de Estado.

El Ministerio Público confirmó que las investigaciones continúan activas, y que fiscales hondureños estuvieron presentes en el juicio de Nueva York para documentar testimonios que fortalecieran los procesos nacionales.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, insistió: “Nada tiene que ver el indulto con lo que se está haciendo en Honduras.”

El abogado Víctor Fernández sostuvo que la detención de Hernández al aterrizar sería “el procedimiento normal que enfrenta cualquier deportado con orden de captura”, aunque advirtió que su respaldo político podría complicar los procesos.

La confirmación de la orden de captura representa una prueba decisiva para la independencia del sistema judicial hondureño, ya que el eventual retorno de Hernández podría reconfigurar el panorama político y social del país.

Además de Pandora II, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado impulsó en marzo de 2024 la privación definitiva de dominio de 131 bienes vinculados a Hernández y su núcleo familiar.