En una comparecencia de prensa explosiva, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció una serie de ilegalidades, manipulaciones de documentos públicos y un intento de «peinar» los resultados de la Alcaldía del Distrito Central para favorecer al Partido Nacional.

Ochoa calificó la reciente declaratoria presidencial como «espuria e ilegal», señalando que se realizó dejando fuera 306 actas que contienen más de 132,000 votos, una cifra cinco veces mayor a la diferencia de 26,000 votos que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López calificaron como «irreversible».

«Manipulación descarada»: El plan contra Jorge Aldana

Uno de los puntos más graves de la denuncia fue la revelación de un presunto plan para manipular el orden de los escrutinios especiales en la capital. Ochoa denunció que la Secretaría General y las consejeras alteraron documentos públicos para cambiar el orden correlativo de las maletas.

«Pretendían procesar primero las 183 maletas donde el Partido Nacional aparece ganando en el acta original, dejando para el final las 241 donde gana Jorge Aldana», explicó Ochoa.

Según el consejero, el objetivo era crear una «tendencia irreversible ficticia» para interrumpir el conteo y declarar ganador al candidato nacionalista antes de procesar los votos de LIBRE.

Cifras de la crisis electoral

Ochoa presentó datos alarmantes que, impiden legalmente realizar cualquier declaratoria este 30 de diciembre:

• Actas pendientes: Existen 4,468 actas sin escrutinio especial (2,620 de diputados y 1,848 de alcaldías).
• Impugnaciones sin resolver: Hay 288 recursos interpuestos por candidatos que ni siquiera han sido puestos en conocimiento del pleno.
• Fallo del Biométrico: En 13,135 actas, la cantidad de electores registrados en el dispositivo no coincide con los votos en físico.
• Margen crítico: 66 alcaldías se deciden por menos del 5% de diferencia y múltiples diputados entran o salen por menos de 20 votos.

Propuesta de ampliación del plazo

Ante la imposibilidad técnica de resolver el desorden antes de la medianoche, Ochoa anunció que ha presentado una propuesta de decreto para ampliar el plazo legal de la declaratoria. «Ocupamos unos cuantos días más para realizar el escrutinio de estas 4,468 actas. Esta ampliación no interrumpe la toma de posesión del 25 de enero», aseguró.

«No venderé mi firma»

El consejero fue tajante al afirmar que no validará lo que considera un fraude histórico. «Yo no prestaré, ni alquilaré, ni venderé mi firma, que le pertenece al pueblo, para validar una nueva usurpación. Que vayan a buscar firmas entre quienes sí las venden o le hacen caso a una embajada en vez de a la voluntad popular», sentenció.

Ochoa concluyó advirtiendo que interpondrá nuevas denuncias ante el Ministerio Público si se pretende emitir una declaratoria general sin procesar la totalidad de los votos, comparando el nivel de manipulación actual con el de los años más oscuros de la democracia hondureña.