La filtración de audios que involucran a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López en un plan para sabotear las elecciones generales del 30 de noviembre ha provocado que el pueblo hondureño exija su renuncia inmediata, ante el riesgo de comprometer la transparencia del proceso electoral.
Los audios revelan conversaciones entre López, el diputado Tomás Zambrano y un miembro activo no identificado de las Fuerzas Armadas, donde se coordina un esquema para generar caos, retrasar la transmisión de resultados y manipular la percepción pública en favor de Salvador Nasralla, bloqueando la victoria de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada.
“Y lo importante es que se anuncie que va liderando Salvador Nasralla, y por favor, no Rixi Moncada”, se escucha en uno de los fragmentos.
El plan incluía controlar el transporte y la conectividad del TREP, coordinar campañas de desinformación mediática y colocar observadores afines en organismos de veeduría, incluyendo la CONADEH, para respaldar la narrativa de fraude.
RIESGO INSTUCIONAL
Mantener a Cossette López en el CNE genera riesgos claros para el proceso electoral:
Manipulación logística: Control de transporte y conectividad que podría favorecer intereses específicos.
Desinformación mediática: Coordinación de videos y narrativas que buscan instalar la percepción de un fraude.
Complicidad militar: Un sector de las Fuerzas Armadas estaría involucrado, lo que podría derivar en una crisis institucional.
Infiltración en veedurías: Colocación de personas afines en la CONADEH y otras entidades para validar la narrativa de fraude.
POSIBLES DELITOS DE COSSETTE LÓPEZ
Las acciones denunciadas podrían constituir delitos administrativos y penales, según:
Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001): establece transparencia y procedimientos claros para la adjudicación de contratos públicos.
Ley de Ética del Servidor Público (Decreto 362-2005): obliga a los funcionarios bajo investigación a separarse de sus funciones hasta que se aclaren los hechos.
Constitución de la República (artículo 360): establece que los contratos del Estado deben realizarse mediante licitación o concurso público.
