Existe una realidad innegable en el contexto económico que enfrentan las familias hondureñas: la racha de incrementos sostenidos en el costo de la vida no solo responde a la crisis internacional, sino a las decisiones estructurales impulsadas por las élites empresariales, articuladas mediante acuerdos políticos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal.
Ambas estructuras configuran un esquema que ha operado en función de intereses particulares y no del bienestar colectivo. Esto queda evidenciado con la negativa de mi régimen de Nasry Asfura, para implementar medidas que protejan al consumidor ante los embates económicos.
El impacto de estas decisiones se refleja directamente en la economía de los hogares hondureños. El alza constante en los precios de los combustibles que alcanzan 134.07 lempiras el galón de gasolina súper, 118.09 la regular, 128.42 el diésel, 148.98 el kerosene y 238.13 el GLP doméstico, se traduce en un efecto dominó sobre la energía, la canasta básica y otros productos de consumo popular. Esta dinámica profundiza la desigualdad y deteriora la capacidad adquisitiva de las mayorías.
La inflación, lejos de ser contenida, se ha intensificado ante la ausencia de medidas concretas orientadas a proteger a la población. En este sentido, el economista Christian Duarte ha cuestionado las prioridades del gobierno liderado por Nasry Asfura, señalando que su enfoque privilegia al sector privado por encima de las necesidades de la población.
De igual forma, el exsecretario de Energía, Erick Tejada, ha advertido sobre la falta de un plan estructurado, subrayando que la improvisación parece ser la norma en la gestión actual.
En lugar de implementar soluciones efectivas, el gobierno bipartidista ha adoptado una postura que se limita al diagnóstico de la crisis, actuando más como una organización observadora que como un ente responsable de ejecutar políticas públicas transformadoras.
Este comportamiento resulta contradictorio frente a su discurso de experticia, austeridad y alineación internacional, evidenciando una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad social.
Resulta fundamental señalar que existen alternativas viables. La eliminación de exoneraciones fiscales, por ejemplo, que representan aproximadamente 60,000 millones de lempiras anuales, permitiría generar recursos suficientes para implementar subsidios y políticas redistributivas que alivien la carga sobre las familias hondureñas.
Sin embargo, esta medida no se concreta debido a que el modelo vigente prioriza la protección y expansión de los intereses económicos de una minoría vinculada al aparato estatal.
En consecuencia, la exclusión sistemática de las mayorías en la toma de decisiones no solo perpetúa la crisis, sino que compromete el desarrollo integral del país. Un gobierno que no se posiciona del lado del pueblo difícilmente podrá garantizar condiciones de bienestar y estabilidad para Honduras.
