Lo que ocurre actualmente en el Congreso Nacional no es un hecho aislado ni una simple disputa política. Para diversos líderes, analistas y dirigentes sociales, se trata de una jugada calculada que prepara el terreno para el retorno de Juan Orlando Hernández (JOH) y la reinstalación de un modelo autoritario en el país al servicio de la corrupción, el narcotráfico y la impunidad.

Con más de 90 votos de diputados liberales y nacionalistas, el Congreso ha aprobado una serie de juicios políticos que, según las denuncias, han permitido al bipartidismo avanzar en el control total del Estado: poder legislativo, ejecutivo, judicial y ahora también los órganos electorales. Un movimiento que, lejos de fortalecer la institucionalidad, estaría consolidando una estructura de poder cerrada y peligrosa para la democracia.

La dirigente de Libre, Carmen López, no dudó en señalar el trasfondo de estas acciones. A su criterio, el bipartidismo impulsa juicios políticos que “lo único que buscan es instalar una dictadura en Honduras”.

En la misma línea, el dirigente de Libre, Ricardo Salgado, fue aún más contundente al denunciar que el país se encamina hacia “una dictadura bipartidista patrocinada por fuerzas conservadoras que bailan al ritmo de lo que ordene” Donald Trump.

Las declaraciones reflejan una creciente preocupación dentro de sectores políticos que ven en estas decisiones una amenaza directa al equilibrio democrático y a la soberanía institucional del país.

El analista Héctor Maradiaga advirtió que Honduras está retrocediendo peligrosamente, de la mano del bipartidismo, hacia una etapa oscura en la que “la dictadura puso al Estado al servicio de la corrupción y la impunidad”.

Por su parte, el abogado Ramón Barrios lanzó una de las advertencias más graves: el bipartidismo estaría construyendo “una dictadura perfecta” cuyo objetivo final es facilitar el regreso de Juan Orlando Hernández al país.

Este señalamiento cobra fuerza en un contexto donde las instituciones clave han sido progresivamente capturadas, debilitando cualquier contrapeso real frente al poder político dominante.

La destitución de Marlon Ochoa se suma a este panorama como una pieza más del engranaje. Según las denuncias, la remoción de figuras incómodas abre paso a la manipulación de los órganos electorales, sentando las bases para un nuevo fraude electoral de cara a 2029.

Analistas recuerdan que procesos similares marcaron las elecciones de 2013, 2017 y 2025, cuestionadas por amplios sectores de la sociedad hondureña.

En este escenario, la narrativa que emerge desde sectores críticos es clara: el país no solo enfrenta una crisis institucional, sino un proyecto político que busca restaurar el pasado.

El Partido Nacional y el Partido Liberal, señalan, serán recordados por haber devuelto a Honduras “a las garras de la pobreza, la corrupción y la impunidad”, de la mano de quien consideran el principal símbolo de ese modelo: Juan Orlando Hernández.

El Congreso Nacional, lejos de ser un espacio de representación democrática, se ha convertido según estas voces, en la maquinaria que prepara ese retorno. Y con ello, advierten, Honduras podría estar al borde de repetir una de las etapas más cuestionadas de su historia reciente.