El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se encuentra en el ojo del huracán tras la presentación de una denuncia penal contra su directora, Gabriela Castellanos, por el presunto delito de usurpación de personalidad. La acción legal fue interpuesta este viernes ante el Ministerio Público por el abogado Carlos Chajtur, quien acusa a la entidad de haber excedido sus competencias al declarar ganador a uno de los candidatos a la presidencia, una función exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La acusación: extralimitación de funciones

En declaraciones exclusivas ofrecidas al medio UNET TV, el denunciante, Carlos Chajtur, detalló que el fundamento de su denuncia radica en que el CNA presuntamente «desobedeció las disposiciones de su propia ley orgánica» al arrogarse facultades que le corresponden únicamente al CNE en el contexto de un proceso electoral.

Chajtur enfatizó que este tipo de actuaciones «genera más incertidumbre en la población hondureña», dado que es el CNE la única institución con la «facultad de declarar al ganador de un proceso electoral». El profesional del derecho sugirió que la labor del CNA debería enfocarse en su mandato principal, que es «investigar irregularidades y posibles actos de corrupción vinculados al proceso», en lugar de adelantar resultados.

Contexto polémico: sospechas de colusión

La controversia escaló luego de que la Fiscalía hondureña hiciera público un audio que involucra a la consejera Cossette López, representante del Partido Nacional. En el material sonoro, se «deja entrever una posible colusión con el CNA» con el objetivo de difundir resultados que supuestamente favorecerían a esa facción política. Este elemento intensifica el debate sobre la transparencia y la independencia de las instituciones involucradas en el proceso electoral.