Un juez natural dictó este miércoles detención judicial para el diputado del Partido Nacional Nelson Márquez y cuatro acusados más de integrar una red de saqueo a las arcas del Estado, en el marco de la reconstrucción del país tras el paso del huracán Mitch.
La determinación fue revelada tras la lectura de resolución y la audiencia de imputados y cumpliendo la detención en la Penitenciaría Nacional de Támara y se fijó para el martes 05 de agosto la audiencia inicial para los seis imputados.
Cabe mencionar que, más temprano las autoridades policiales lograron la detención de Eva María Vásquez Villanueva quien junto a Nelson Márquez, Raymundo Gradiz, y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, fueron presentados a la audiencia.
Todas estas personas están señaladas por el Ministerio Público de integrar una estructura que operó dentro de instituciones públicas, aprovechando su poder para beneficiarse ilegalmente de recursos destinados a proyectos sociales y de infraestructura que ascienden a unos 3 mil millones de lempiras, durante el año 2000 en el marco de la reconstrucción del país tras el azote del Huracán Mitch.
El caso, que ha sido descrito por las autoridades como uno de los esquemas de corrupción más graves de los últimos años, continúa en fase de investigación y ya se perfilan más capturas.
El MP ha prometido llevar a juicio a todos los involucrados, en el marco de lo que califica como el desmantelamiento de una “mafia institucional” con tentáculos en distintos niveles del Estado.
Caso denunciado por el gobierno de LIBRE
En febrero de 2023, el Procurador General de la República, Manuel Antonio Gáleas, en coordinación con la exsecretaria de Finanzas, Rixi Moncada, adoptaron una decisión trascendental para el país: denunciar la red de corrupción público-privada que amenazaba con sustraer de forma espuria e ilegal, de la Caja Única del Tesoro, casi 3 mil millones de lempiras.
Esta valiente acción que marcó un hito en la defensa del interés supremo de la Nación y la lucha contra la impunidad, hoy se traduce en medidas concretas por parte del Ministerio Público, orientadas a garantizar justicia y castigo penal para los atracadores.
El impacto de esta decisión no solo fortalece el Estado de Derecho, sino que también envía un mensaje claro a nivel nacional e internacional: las instituciones del Estado de Honduras defenderán con determinación y firmeza, el patrimonio y los recursos financieros de la Patria.
Investigación del MP tras denuncia
De acuerdo a las investigaciones, el caso surge cuando Márquez fue titular de la desaparecida Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Presuntamente también está implicada la excoordinadora general del gobierno, Martha Doblado ; la exdirectora legal de Sedecoas, Eva María Vásquez Villanueva ; el apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros (NAINSA), Juan Fernando Madrid Lezama ; la exintegrante del tribunal arbitral del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Caronte Rojas Zavala ; y el representante legal de la empresa DRC Inc, Murray Paul Palmer .
Igualmente, son acusados el exfuncionario de la PGR, Héctor Alvarado Mejía; y el receptor del Poder Judicial, Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
En el contexto de los hechos a que en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, subcontrató presuntamente de forma irregular a NAINSA, según el MP.
Mientras que en 2001, de acuerdo al relato oficial de la Fiscalía, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo a la acusación fiscal.
DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, Márquez en su cargo de secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor» de acuerdo al MP.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
Posteriormente en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Alvarado Mejía, representante en su momento del Estado (PGR) no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue puesta en duda de acuerdo al mismo informe del MP.
