El quinto día del juicio por la «Tasa de Seguridad» en la Corte del Distrito Sur de la Florida, confirmó la presunta complicidad entre el sector público y el privado en el desvío de fondos de la «Tasa de Seguridad».

El testimonio de Juan Ramón Molina, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), expuso una red de corrupción que salpica a líderes empresariales de alto perfil.

Un documento clave incrimina al COHEP

La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó como prueba un oficio oficial del COHEP, firmado por su entonces presidenta Aline Flores, que solicitaba la designación de Juan Ramón Molina como representante del sector privado en el Comité de la Tasa de Seguridad, y a José Eduardo Atala Zablah como su suplente.

El documento, que lleva el sello oficial del COHEP, es una prueba de que el sector privado no fue un simple espectador, sino que tuvo un papel activo en la administración de la Tasa de Seguridad.

La fiscalía argumenta que esta estructura se convirtió en una «cascada de sobornos» y negocios oscuros.

«Sky Honduras»: la empresa fachada para lavar dinero

El testimonio de Molina reveló la existencia de «Sky Honduras», una sociedad con sede en Miami que, según las pruebas, fue utilizada para lavar activos.

Esta empresa, liderada por Francisco Roberto Cosenza Centeno y el propio Juan Ramón Molina, habría recibido parte de los sobornos de Atlanco, desviados a través del operador financiero Aldo Marchena.

De acuerdo con el informe de Pro Honduras Network, esta estructura se repite y demuestra que la «Tasa de Seguridad» no fue un botín exclusivo de políticos y militares.

La seguridad del pueblo, según se deduce de las pruebas, fue convertida en un esquema de corrupción internacional.