El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), logró que dos imputadas más en el caso “Planillas Fantasmas” aceptaran su responsabilidad en el desfalco de 1.9 millones de lempiras al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La contundente carga probatoria presentada permitió un fallo condenatorio contra las exempleadas, consolidando así un nuevo avance en la lucha contra la corrupción.

Las acusadas, Suyapa Carranza Rodríguez y Elina Yessenia Bonilla López, se sometieron a un procedimiento abreviado, aceptando su responsabilidad en el desfalco. La sentencia impuesta incluye 3 años con 9 meses de prisión, el pago de una multa de 1.7 millones de lempiras y la inhabilitación absoluta por 7 años y 6 meses para ejercer cargos públicos.

Se declaran culpables en desfalco de 1.9 millones

Ambas condenadas laboraban en el Departamento de Compensación Salarial del IHSS, en marzo de 2024, manipularon el sistema institucional para registrar a supuestos médicos sustitutos teóricamente contratados para cubrir incapacidades y vacaciones que en realidad eran amas de casa y jornaleros. La falsificación permitió desviar fondos públicos en perjuicio directo de los asegurados y de la ya debilitada seguridad social.

Este esquema no fue un hecho aislado, según el Ministerio Público, al menos 14 personas más ya han sido condenadas por la misma modalidad delictiva. Dichos imputados se hicieron pasar por falsos médicos y retiraban el dinero en efectivo en bancos y autobancos, repartiéndolo luego entre cómplices bajo un pacto de silencio. El caso “Planillas Fantasmas” refleja cómo las redes de corrupción lograron enquistarse en una institución vital para la clase trabajadora hondureña.

Con estas nuevas sentencias, el Ministerio Público reafirma que sus actuaciones se basan en investigaciones rigurosas y que la lucha contra la corrupción se mantiene firme, sin privilegios ni excepciones. En un país donde históricamente la impunidad ha protegido a las élites, cada condena representa un paso hacia la reconstrucción de la institucionalidad y la defensa del patrimonio público que pertenece al pueblo.