Desde octubre de 2024, Javier Milei vetó la Ley de Financiación Universitaria y provocó graves daños a los jóvenes en Argentina.
Al bloquear una normativa que garantizaba más recursos para las universidades públicas, mejores salarios para docentes y personal administrativo, el gobierno impidió avances clave en el acceso y la calidad de la educación superior.
Para Milei, era una forma de «proteger» el equilibrio fiscal; para estudiantes y trabajadores de la educación, representa un paso hacia la privatización encubierta de la enseñanza superior.
Golpe directo al pueblo argentino
La falta de presupuesto obliga a universidades a suspender clases, reducir servicios y cerrar programas, limitando las oportunidades de quienes no tienen recursos para pagar una institución privada.
“Esto no es un problema de dinero, sino un intento de que solo estudien los que pueden pagar”, advirtió Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
La desigualdad se profundiza aún más con la suspensión de becas y el recorte de subsidios a los comedores escolares, que dejó a más de cinco millones de niños sin acceso a alimentos básicos en sus centros educativos.
En provincias empobrecidas como Chaco y Formosa, miles de estudiantes deben acudir a escuelas sin agua potable, electricidad o materiales básicos.
Las medidas de ajuste, conocidas como el “plan motosierra”, incluyen la eliminación del Ministerio de Ciencia, la reducción en más del 60% del financiamiento al Conicet y el cierre de laboratorios en universidades públicas.
Con ello, miles de investigadores y profesionales han emigrado, generando un vacío de conocimiento que afecta sobre todo a la población sin acceso a educación privada ni recursos tecnológicos.
NASRALLA Y MILE APOYAN LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Al igual que el presidente argentino Javier Milei, el candidato presidencial por el Partido Liberal Salvador Nasralla manifestó su intención de avanzar hacia la privatización de la educación pública.
Recientemente, Nasralla declaró en un foro televisivo que, de llegar al poder, privatizaría entidades estatales como el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), argumentando que «deberían ser administradas por la empresa privada».
Esta propuesta encendió las alarmas entre sectores sociales, ya que el Infop representa una vía de formación gratuita para miles de jóvenes que no tienen acceso a la universidad.
A través de este instituto, muchos aprenden oficios técnicos e incluso idiomas sin costo alguno.
Su privatización implicaría la imposición de tarifas que gran parte de los estudiantes no podrían pagar, profundizando así las barreras educativas y sociales en Honduras.
