En un golpe contundente a las estructuras criminales que operan desde el interior de las cárceles, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) han descubierto un impresionante arsenal de armas de fuego, droga y objetos prohibidos ocultos en caletas dentro del Módulo de Procesados 2 del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán.
Este hallazgo se produce en el marco del mandato de la Presidenta Xiomara Castro, quien en el 2023 entregó la administración de las cárceles a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para restablecer el control y la legalidad.
Mediante labores de inteligencia y la demolición de espacios no permitidos, los equipos de seguridad lograron el decomiso de una considerable cantidad de armamento que incluía fusiles, pistolas automáticas y revólveres, junto con sus cargadores y municiones.
Además, se encontraron paquetes con supuesta droga, teléfonos celulares, computadoras portátiles, radios de comunicación, routers, otros dispositivos de conectividad y hasta granadas de gas.
Caletas sofisticadas y expectativa de más hallazgos
La primera caleta fue descubierta en una pared, donde los privados de libertad habían construido una especie de túnel para esconder el armamento y la droga.
Una segunda caleta fue localizada en el área del sanitario, donde los internos habían ahuecado el piso para introducir fusiles y municiones.
El presidente de la Comisión Interventora del INP, General de Brigada Ramiro Fernando Muñoz, no descartó que, a medida que continúen los trabajos en los diferentes módulos de la cárcel de Támara, se sigan encontrando más armas y objetos ilícitos.
La presencia de este tipo de armamento y tecnología de comunicación dentro de los penales subraya la complejidad de las redes criminales que operan desde el interior.
Mandato presidencial para el control en cárceles
Este operativo es parte de las acciones estratégicas que el INP y la PMOP están ejecutando para combatir las estructuras delictivas en los recintos penitenciarios.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, determinó que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) asumiría el control de todas las cárceles del país a partir del 1 de julio de 2023.
Esta decisión fue tomada tras la trágica muerte de al menos 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), evidenciando la necesidad urgente de una intervención para restablecer el orden y la seguridad.
El sistema penitenciario hondureño, compuesto por 25 cárceles, alberga a aproximadamente 21,000 privados de libertad, a pesar de que su capacidad instalada es para unos 15,000 reclusos, lo que agrava las condiciones y los desafíos de seguridad.
El INP reafirma su compromiso con el restablecimiento de la legalidad y el control en todos los centros penitenciarios del país, buscando desarticular las operaciones delictivas que han proliferado en el interior de las prisiones.
