Requerimiento Fiscal
El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, ha presentado un requerimiento fiscal con orden de captura en contra de Juan José Pineda Varela, Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo Barahona, Santiago Antonio Reyes Paz y Karen Yadira Martínez.
Todos ellos exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Estas acciones se llevan a cabo debido a acusaciones de influencia indebida en la institución para favorecer a terceros mediante auditorías con información manipulada.
Según las investigaciones fiscales, Juan José Pineda Varela, quien ocupó el cargo de magistrado presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, exmagistrado del TSC, Douglas Javier Murillo Barahona, jefe de auditores, Karen Yadira Martínez Villatoro, Directora Legal, y Santiago Antonio Reyes Paz, Secretario General del TSC, están siendo acusados del delito de Tráfico de Influencias en perjuicio de la Administración Pública. Además, se les imputa el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública.
ANTECEDENTES
Los hechos se remontan al pasado mes de noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público, recibió una denuncia anónima que señalaba actos irregulares en el departamento de Auditorías del Sector Municipal del TSC, donde empleados, por órdenes superiores, estaban involucrados en la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados con finiquitos de algunas municipalidades.
Ante esta situación, equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), procedieron de inmediato a realizar las investigaciones pertinentes. Entre las acciones llevadas a cabo por los fiscales y agentes de la ATIC se encuentran la incautación de informes y pliegos de responsabilidad, así como la revisión de videos de las cámaras de seguridad. Además, se recabaron declaraciones testimoniales de empleados que estaban siendo presionados para alterar las auditorías a municipalidades.
Estas investigaciones han revelado la existencia de redes de empleados dentro del TSC que, aprovechándose de sus cargos, influían en sus subalternos para emitir resoluciones contrarias a la ley, beneficiando a terceros.
