¿POR QUÉ EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VOTOS QUE SE UTILIZÓ EN 2017 PONE EN RIESGO LA VOLUNTAD POPULAR?

A menos de seis meses de las Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025, una nueva sombra de duda se cierne sobre la democracia hondureña.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la presidencia de Cossette López representante del Partido Nacional y con el respaldo de Ana Paola Hall del Partido Liberal, ha aprobado por mayoría de votos un modelo de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que revive los fantasmas del controversial proceso electoral de 2017.

Esta decisión, denunciada por el consejero Marlon Ochoa representante del Partido LIBRE, ha desatado una ola de críticas y advertencias sobre un posible fraude electoral disfrazado, con serias implicaciones para la transparencia y la voluntad popular en las próximas elecciones.

La aprobación del modelo TREP no puede entenderse sin considerar el contexto del bipartidismo histórico en Honduras, representado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que han dominado la política nacional por más de un siglo. Según analistas, estos partidos, asociados a las élites económicas conocidas como las “10 familias”, han utilizado el control de instituciones como el CNE para perpetuar su influencia, a menudo a expensas de la transparencia electoral. La denuncia de Ochoa apunta a un sistema diseñado para favorecer a estas élites, replicando estrategias de manipulación que han marcado elecciones pasadas, como en 2013 y 2017.

El modelo de verificación manual de actas, según críticos, no solo retrasa los resultados, sino que crea un espacio para la intervención de actores externos, como empresas contratadas bajo sospecha de vínculos con el bipartidismo. La mención de Mapa Soluciones, una empresa señalada en procesos electorales anteriores, refuerza estas preocupaciones. En 2017, las contrataciones de empresas con historiales cuestionados fueron un punto central de las acusaciones de fraude, y la repetición de este esquema en 2025 sugiere una falta de aprendizaje institucional y una posible intención de manipular los resultados.

Riesgos para las elecciones generales de 2025

La decisión del CNE de adoptar un modelo de TREP similar al de 2017 plantea serios riesgos para la transparencia y la estabilidad política en las elecciones generales de noviembre de 2025. La verificación manual de actas, combinada con el historial de irregularidades en procesos anteriores, podría erosionar aún más la confianza en el sistema electoral. Organizaciones internacionales como la OEA y la UE, que en 2017 cuestionaron la legitimidad del proceso, han reiterado la necesidad de elecciones transparentes y libres de interferencias.

Además, las tensiones entre los consejeros del CNE, exacerbadas por las acusaciones de Ochoa contra López y Hall, reflejan una polarización que podría escalar en una crisis similar a la de 2017. La movilización popular, como la que derrotó un presunto fraude en 2021, será crucial para garantizar que la voluntad del pueblo prevalezca, pero también podría desencadenar nuevos episodios de violencia si no se abordan las irregularidades.

Un llamado a la vigilancia ciudadana

El pueblo hondureño, que aún lleva las cicatrices de la represión postelectoral de 2017, enfrenta un nuevo desafío para defender su derecho a elecciones libres y transparentes. La aprobación del modelo TREP por parte de Cossette López y Ana Paola Hall, en un contexto de acusaciones de parcialidad y vínculos con el bipartidismo, pone en riesgo la credibilidad del proceso electoral. Como advirtió Marlon Ochoa, la solución está en la participación masiva y la vigilancia ciudadana para contrarrestar cualquier intento de manipulación.

Honduras no puede permitirse repetir la tragedia de 2017, cuando la opacidad del TREP y la represión estatal dejaron un saldo de muertes y una democracia herida. La comunidad internacional, la sociedad civil y los ciudadanos deben exigir un sistema electoral que garantice transparencia, respeto a la voluntad popular

EL MODELO TREP DE 2017: UNA HERIDA ABIERTA EN LA DEMOCRACIA HONDUREÑA

En 2017, el sistema TREP, diseñado bajo la gestión de David Matamoros Batson, entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue el epicentro de una crisis electoral que marcó un antes y un después en Honduras. Contratado por 7 millones de dólares a empresas como Grupo MSA (Argentina), ITG y Comunicaciones Globales, el sistema enfrentó cuestionamientos por la dudosa reputación de las firmas contratadas, acusadas de incumplimientos y sobrevaloración de contratos.

La noche del 28 de noviembre de 2017, tras el cierre de las urnas, el TREP colapsó. Las proyecciones iniciales daban una ventaja de 5 puntos a Salvador Nasralla, pero un “apagón informático” detuvo la transmisión de resultados durante 36 a 53 horas, dejando solo el 50-60% de las actas procesadas.

La aprobación del modelo TREP no puede entenderse sin considerar el contexto del bipartidismo histórico en Honduras, representado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que han dominado la política nacional por más de un siglo. Según analistas, estos partidos, asociados a las élites económicas conocidas como las “10 familias”, han utilizado el control de instituciones como el CNE para perpetuar su influencia, a menudo a expensas de la transparencia electoral. La denuncia de Ochoa apunta a un sistema diseñado para favorecer a estas élites, replicando estrategias de manipulación que han marcado elecciones pasadas, como en 2013 y 2017.

El modelo de verificación manual de actas, según críticos, no solo retrasa los resultados, sino que crea un espacio para la intervención de actores externos, como empresas contratadas bajo sospecha de vínculos con el bipartidismo. La mención de Mapa Soluciones, una empresa señalada en procesos electorales anteriores, refuerza estas preocupaciones. En 2017, las contrataciones de empresas con historiales cuestionados fueron un punto central de las acusaciones de fraude, y la repetición de este esquema en 2025 sugiere una falta de aprendizaje institucional y una posible intención de manipular los resultados.

Riesgos para las elecciones generales de 2025

La decisión del CNE de adoptar un modelo de TREP similar al de 2017 plantea serios riesgos para la transparencia y la estabilidad política en las elecciones generales de noviembre de 2025. La verificación manual de actas, combinada con el historial de irregularidades en procesos anteriores, podría erosionar aún más la confianza en el sistema electoral. Organizaciones internacionales como la OEA y la UE, que en 2017 cuestionaron la legitimidad del proceso, han reiterado la necesidad de elecciones transparentes y libres de interferencias.

Además, las tensiones entre los consejeros del CNE, exacerbadas por las acusaciones de Ochoa contra López y Hall, reflejan una polarización que podría escalar en una crisis similar a la de 2017. La movilización popular, como la que derrotó un presunto fraude en 2021, será crucial para garantizar que la voluntad del pueblo prevalezca, pero también podría desencadenar nuevos episodios de violencia si no se abordan las irregularidades.

Un llamado a la vigilancia ciudadana

El pueblo hondureño, que aún lleva las cicatrices de la represión postelectoral de 2017, enfrenta un nuevo desafío para defender su derecho a elecciones libres y transparentes. La aprobación del modelo TREP por parte de Cossette López y Ana Paola Hall, en un contexto de acusaciones de parcialidad y vínculos con el bipartidismo, pone en riesgo la credibilidad del proceso electoral. Como advirtió Marlon Ochoa, la solución está en la participación masiva y la vigilancia ciudadana para contrarrestar cualquier intento de manipulación.

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Elecciones Generales 2017

Cuando el sistema se reanudó, la tendencia se invirtió, otorgando la victoria a Juan Orlando Hernández por un margen de 1-2%. Este giro, junto con irregularidades documentadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), alimentó el fraude electoral. La OEA llegó a considerar el proceso “no confiable” y recomendó nuevas elecciones, mientras que Human Rights Watch exigió investigaciones independientes.

La crisis postelectoral de 2017 desató protestas masivas, reprimidas con fuerza letal. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y organizaciones como COFADEH, entre 23 y 33 personas murieron, muchas por disparos de las fuerzas de seguridad, y miles fueron detenidos en un contexto de toque de queda y violaciones a los derechos humanos. La falta de transparencia en el TREP y la percepción de manipulación dejaron una profunda desconfianza en el sistema electoral, un trauma que aún resuena en la memoria colectiva hondureña.

La aprobación del modelo TREP no puede entenderse sin considerar el contexto del bipartidismo histórico en Honduras, representado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que han dominado la política nacional por más de un siglo. Según analistas, estos partidos, asociados a las élites económicas conocidas como las “10 familias”, han utilizado el control de instituciones como el CNE para perpetuar su influencia, a menudo a expensas de la transparencia electoral. La denuncia de Ochoa apunta a un sistema diseñado para favorecer a estas élites, replicando estrategias de manipulación que han marcado elecciones pasadas, como en 2013 y 2017.

El modelo de verificación manual de actas, según críticos, no solo retrasa los resultados, sino que crea un espacio para la intervención de actores externos, como empresas contratadas bajo sospecha de vínculos con el bipartidismo. La mención de Mapa Soluciones, una empresa señalada en procesos electorales anteriores, refuerza estas preocupaciones. En 2017, las contrataciones de empresas con historiales cuestionados fueron un punto central de las acusaciones de fraude, y la repetición de este esquema en 2025 sugiere una falta de aprendizaje institucional y una posible intención de manipular los resultados.

Riesgos para las elecciones generales de 2025

La decisión del CNE de adoptar un modelo de TREP similar al de 2017 plantea serios riesgos para la transparencia y la estabilidad política en las elecciones generales de noviembre de 2025. La verificación manual de actas, combinada con el historial de irregularidades en procesos anteriores, podría erosionar aún más la confianza en el sistema electoral. Organizaciones internacionales como la OEA y la UE, que en 2017 cuestionaron la legitimidad del proceso, han reiterado la necesidad de elecciones transparentes y libres de interferencias.

Además, las tensiones entre los consejeros del CNE, exacerbadas por las acusaciones de Ochoa contra López y Hall, reflejan una polarización que podría escalar en una crisis similar a la de 2017. La movilización popular, como la que derrotó un presunto fraude en 2021, será crucial para garantizar que la voluntad del pueblo prevalezca, pero también podría desencadenar nuevos episodios de violencia si no se abordan las irregularidades.

Un llamado a la vigilancia ciudadana

El pueblo hondureño, que aún lleva las cicatrices de la represión postelectoral de 2017, enfrenta un nuevo desafío para defender su derecho a elecciones libres y transparentes. La aprobación del modelo TREP por parte de Cossette López y Ana Paola Hall, en un contexto de acusaciones de parcialidad y vínculos con el bipartidismo, pone en riesgo la credibilidad del proceso electoral. Como advirtió Marlon Ochoa, la solución está en la participación masiva y la vigilancia ciudadana para contrarrestar cualquier intento de manipulación.

Honduras no puede permitirse repetir la tragedia de 2017, cuando la opacidad del TREP y la represión estatal dejaron un saldo de muertes y una democracia herida. La comunidad internacional, la sociedad civil y los ciudadanos deben exigir un sistema electoral que garantice transparencia, respeto a la voluntad popular

2025: EL REGRESO DEL MODELO BATSON BAJO COSSETTE LÓPEZ Y ANA PAOLA HALL

El 15 de junio de 2025, el consejero Marlon Ochoa, denunció en redes sociales que el CNE, por mayoría de votos entre los representantes del Partido Nacional y el Partido Liberal, aprobó un modelo de TREP que replica el esquema de 2017.

Según Ochoa, este sistema, que incluye una verificación manual de las actas antes de su divulgación a las 9:00 p.m., está diseñado para retrasar la publicación de resultados y abrir la puerta a manipulaciones que podrían frustrar una victoria de la candidata de Libre, Rixi Moncada. “Buscan adjudicar el sistema a Mapa Soluciones, disfrazada con otro nombre”, afirmó, recordando un intento similar en 2021 que fue derrotado por la movilización popular y porque al frente del CNE estuvo la abogada Rixi Moncada.

El modelo aprobado establece que las actas enviadas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) desde los centros de votación pasarán por una verificación manual antes de ser publicadas, lo que retrasaría los resultados preliminares.

Esta medida, según críticos, crea un espacio de opacidad que podría ser explotado para alterar la voluntad popular, como se denunció en 2017. “No van a cambiar con actas ‘nuevas’ lo que el pueblo ya votó en las actas reales de sus pueblos”, advirtió Ochoa, llamando a una participación masiva para contrarrestar un posible fraude.

¿QUIÉNES SON COSSETTE LÓPEZ Y ANA PAOLA HALL?

La aprobación del modelo TREP no puede entenderse sin considerar el contexto del bipartidismo histórico en Honduras, representado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que han dominado la política nacional por más de un siglo. Según analistas, estos partidos, asociados a las élites económicas conocidas como las “10 familias”, han utilizado el control de instituciones como el CNE para perpetuar su influencia, a menudo a expensas de la transparencia electoral. La denuncia de Ochoa apunta a un sistema diseñado para favorecer a estas élites, replicando estrategias de manipulación que han marcado elecciones pasadas, como en 2013 y 2017.

El modelo de verificación manual de actas, según críticos, no solo retrasa los resultados, sino que crea un espacio para la intervención de actores externos, como empresas contratadas bajo sospecha de vínculos con el bipartidismo. La mención de Mapa Soluciones, una empresa señalada en procesos electorales anteriores, refuerza estas preocupaciones. En 2017, las contrataciones de empresas con historiales cuestionados fueron un punto central de las acusaciones de fraude, y la repetición de este esquema en 2025 sugiere una falta de aprendizaje institucional y una posible intención de manipular los resultados.

Riesgos para las elecciones generales de 2025

La decisión del CNE de adoptar un modelo de TREP similar al de 2017 plantea serios riesgos para la transparencia y la estabilidad política en las elecciones generales de noviembre de 2025. La verificación manual de actas, combinada con el historial de irregularidades en procesos anteriores, podría erosionar aún más la confianza en el sistema electoral. Organizaciones internacionales como la OEA y la UE, que en 2017 cuestionaron la legitimidad del proceso, han reiterado la necesidad de elecciones transparentes y libres de interferencias.

Además, las tensiones entre los consejeros del CNE, exacerbadas por las acusaciones de Ochoa contra López y Hall, reflejan una polarización que podría escalar en una crisis similar a la de 2017. La movilización popular, como la que derrotó un presunto fraude en 2021, será crucial para garantizar que la voluntad del pueblo prevalezca, pero también podría desencadenar nuevos episodios de violencia si no se abordan las irregularidades.

Un llamado a la vigilancia ciudadana

El pueblo hondureño, que aún lleva las cicatrices de la represión postelectoral de 2017, enfrenta un nuevo desafío para defender su derecho a elecciones libres y transparentes. La aprobación del modelo TREP por parte de Cossette López y Ana Paola Hall, en un contexto de acusaciones de parcialidad y vínculos con el bipartidismo, pone en riesgo la credibilidad del proceso electoral. Como advirtió Marlon Ochoa, la solución está en la participación masiva y la vigilancia ciudadana para contrarrestar cualquier intento de manipulación.

Honduras no puede permitirse repetir la tragedia de 2017, cuando la opacidad del TREP y la represión estatal dejaron un saldo de muertes y una democracia herida. La comunidad internacional, la sociedad civil y los ciudadanos deben exigir un sistema electoral que garantice transparencia, respeto a la voluntad popular

La aprobación de este modelo recae en las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, figuras clave en el CNE y representantes del bipartidismo tradicional hondureño.

Cossette López, presidenta del CNE hasta septiembre de 2025, ha sido una militante activa del PN, lo que la ha vinculado a los sectores conservadores que dominaron la política hondureña durante décadas. También ha sido señalada como la amante del presinarco de JOH, con el cual procrearon una hija.

Ana Paola Hall, quien asumirá la presidencia del CNE para las elecciones generales de noviembre de 2025. Su historial incluye decisiones controvertidas, como la entrega de la presidencia del CNE al Partido Nacional en 2019 para las elecciones de 2021, un hecho que ella misma reconoció como un error y que alimentó sospechas de pactos entre el PN y el PL para controlar los procesos electorales.

Ambas consejeras han enfrentado críticas por su manejo de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, marcadas por retrasos en la entrega de maletas electorales, sumados a las denuncias de violencia política y amenazas de muerte, han polarizado aún más el ambiente electoral.


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