La magistrada Francisca Villela Zavala asumió oficialmente la presidencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pese a los señalamientos que pesan sobre su actuación en una sentencia que benefició a implicados en el caso Narcopolítica.
Su llegada al cargo ocurre mientras persisten cuestionamientos por haber integrado el pleno de magistrados que, de forma unánime, emitió el 30 de julio de 2024 un fallo de amparo a favor del exministro Miguel Pastor Mejía, así como de Karol Ivonne Pineda y José Manuel Valladares, todos procesados por su presunta participación en una red de corrupción ligada al narcotráfico.
El 7 de febrero de 2025 la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) admitió un informe remitido por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), en el que se pidió abrir indagaciones por el presunto delito de prevaricato judicial contra los magistrados que firmaron esa resolución.
Entre los señalados figuran Wagner Vallecillo Paredes, Luis Fernando Padilla Castellanos, Isbela Bustillo Hernández, Francisca Villela Zavala y Sonia Marlina Dubón.
El caso Narcopolítica fue presentado en mayo de 2019 por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción. La investigación expuso cómo exfuncionarios de la desaparecida Soptravi habrían entregado al menos 28 contratos millonarios a Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar), empresa propiedad de los hermanos Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, identificados como líderes de la estructura criminal Los Cachiros.
Los acusados enfrentaban cargos por lavado de activos, fraude, violación de los deberes de los funcionarios y cohecho. Sin embargo, años después, una resolución firmada por quienes hoy dirigen la justicia constitucional terminó favoreciendo a los imputados.
La designación de Villela reaviva el debate sobre la independencia judicial y envía un mensaje demoledor: en Honduras, incluso los fallos más controvertidos pueden convertirse en escalera hacia los puestos más altos del poder judicial.
