Honduras, un país marcado por la injusticia y la violación sistemática de los derechos humanos en las últimas décadas, una crisis que se profundizó luego del Golpe de Estado y la subsiguiente instalación de la Narcodictadura ¿dónde estaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) cuando la criminalización de los defensores del ambiente en Guapinol se intensificó durante el régimen de facto? el CONADEH fue un instrumento más para la legitimación de la violencia y el terror que las empresas extractivistas han sembrado en la región de Bajo Aguán.

Durante los últimos años, el Bajo Aguán ha sido escenario de una ola de terror que ha cobrado la vida de muchos y muchas que luchan por la defensa del territorio y los derechos humanos. El CONADEH mantuvo un silencio que plantea una contradicción real con la defensa de los derechos humanos que profesa. El último caso, el vil asesinato de un líder social y regidor del Partido LIBRE, un hecho que ha sido objeto de manipulaciones y tergiversaciones en los medios de comunicación.

Los medios han desempeñado un papel fundamental en la narrativa que rodea estos acontecimientos. En lugar de informar de manera precisa y objetiva, algunos han optado por difundir noticias falsas y tendenciosas que buscan deslegitimar la lucha de los defensores del ambiente. Esto contribuye a la desprotección de quienes se atreven a desafiar el poder de las empresas extractivistas y sus aliados.

En medio de este contexto, el Procurador General de la República, Tony Díaz Galeas, ha intervenido para aclarar las acusaciones realizadas por la CONADEH respecto a la supuesta tardanza de diez meses en remitir el caso de Juan López a la Secretaría de Derechos Humanos.

Estas afirmaciones son falsedades que irresponsablemente mancillan el trabajo de la Procuraduría y descreen su compromiso con la justicia. A pesar de que se habilitó un mecanismo de protección para López, su rechazo revela una verdad inquietante: estos mecanismos no ofrecen las garantías necesarias para aquellos que luchan contra el extractivismo respaldado por intereses extranjeros, especialmente de la Embajada de Estados Unidos.

La falta de garantías se convierte en un factor determinante que pone en riesgo la vida de quienes defienden su tierra y sus derechos. La criminalización de los defensores en Guapinol no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de represión y terror que busca acallar las voces disidentes. La inacción histórica de organismos como el CONADEH, la manipulación mediática y la falta de protección efectiva son elementos que realzan la crisis de derechos humanos en el país.

El caso de Guapinol y el reciente asesinato del líder de Tocoa, Juan López no debe quedar impune, ese es el compromiso de la Presidenta y el Fiscal General. La impunidad y la complicidad son confrontadas por la Presidenta, las instituciones tienen la responsabilidad de actuar, y la ciudadanía debe exigir que se cumpla,