Salvador Nasralla vuelve a quedar en el centro del debate político nacional, esta vez por intentar imponer a su aliado Jhosy Toscano como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), en sustitución de Ana Paola Hall.
Sin embargo, el intento choca de frente con la legalidad: el artículo 10 de la Ley Electoral lo inhabilita de forma clara y contundente.
DOS VIOLACIONES EN UNA SOLA CANDIDATURA
Toscano, actual diputado del Congreso Nacional por el PSH y candidato del Partido Liberal por Francisco Morazán, incurre en dos de las inhabilidades señaladas por el artículo 10 de la Ley Electoral:
- Es diputado activo, es decir, ostenta un cargo de elección popular.
- Es candidato inscrito, lo cual también lo excluye como posible integrante del CNE.
La norma es categórica: “No pueden ser miembros del Consejo Nacional Electoral quienes, al momento de ser electos, estén nominados u ostenten cargos de elección popular.”
UN INTENTO ILEGAL DE IMPONER CUOTAS POLÍTICAS
Pese a esto, Nasralla ha presionado públicamente para que Toscano sea aceptado como nuevo consejero del CNE, pasando por alto no solo la ley, sino también los procedimientos institucionales. El primer paso legal debe ser que el Congreso Nacional conozca oficialmente la renuncia de la consejera Ana Paola Hall, algo que aún no ha sucedido.
Posteriormente, cualquier nuevo candidato requiere mayoría calificada de 86 votos, algo que tampoco está garantizado.
- Ni Salvador Nasralla, ni el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal tienen facultades para elegir al sustituto de Ana Paola Hall. Esa es una atribución exclusiva del Congreso Nacional.
- No existe la figura jurídica de “renuncia condicionada” como ha circulado en medios. Lo que se intenta es un chantaje político con fachada legal.
- La imposición de Toscano solo responde a una jugada política mayor: sacar a Ana Hall, poner a Toscano y usarlo como moneda de cambio para futuros pactos, como el ingreso de Jorge Cálix a la directiva del Congreso.
Permitir que Toscano llegue al CNE en violación de la ley abriría las puertas a una politización aún mayor del órgano electoral, y pondría en entredicho la transparencia de los comicios de 2025.
El proyecto de refundación democrática que impulsa el gobierno de LIBRE, no puede tolerar este tipo de atajos, más aún cuando provienen de figuras que se autoproclaman “anticorrupción” mientras intentan violar abiertamente la ley electoral.
