La directora del Sistema Nacional de Emergencias 911, Miroslava Cerpas, vinculó el caso de la Tasa de Seguridad, que se ventila en una corte de Miami, Estados Unidos, con el esquema de corrupción que operó en la institución durante el gobierno del narcotraficante convicto Juan Orlando Hernández alias “JOH”.

Cerpas afirmó que la Tasa de Seguridad fue un «punto útil para el desarrollo de un nudo de criminalidad» y que el 911 fue «uno de sus goles importantes».

Un «diseño criminal» y sobrevaloración brutal

En sus declaraciones, Cerpas aseguró que el 911 sufrió una «sobrevaloración brutal» para financiar una cadena de sobornos que iba desde el encargado de un informe hasta el expresidente Juan Orlando Hernández, a quien calificó como el «jefe de este grupo criminal».

La directora explicó que el esquema operaba bajo la Ley de Secretos, con la cual se emitía un simple informe de una página para justificar pagos mensuales de hasta 50 millones de lempiras a la empresa Dynamic Corporation, sin que hubiera un respaldo mayor.

«Un mes de pago de servicios a esta empresa… nos costaba lo mismo que nos costó comprar el sistema de video monitoreo para el 911, que es del Estado de Honduras y ese sistema es para toda la vida», enfatizó Cerpas, como prueba de la sobrevaloración.

La criminalidad «operó a sus anchas» por la falta de cámaras

Cerpas señaló que, a finales de 2022 e inicios de 2023, la criminalidad aprovechó la ausencia de cámaras para operar «a sus anchas», cometiendo crímenes graves como el asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo. La funcionaria denunció que el sistema de cámaras estaba «privatizado, apagado y cooptado por el crimen organizado».

La nueva gestión del 911, con apoyo de la empresa Hondutel, logró restablecer las pocas cámaras que aún quedaban. Las denuncias fueron presentadas al Ministerio Público, pero la funcionaria lamentó que en ese entonces «era sordo, mudo y ciego», e incluso perdió la documentación de las pruebas.

Un contrato simulado que involucra a políticos

La directora Cerpas también se refirió a un contrato firmado en el último año de gobierno anterior que, a su juicio, era un «contrato simulado» y una «estafa». Este acuerdo, que sobrepasa dos periodos de gobierno, fue suscrito por una persona que, según la funcionaria, no tenía la capacidad jurídica para representar al Estado.

Cerpas afirmó que «están vinculados diputados, altos funcionarios del Partido Nacional y otros que han sido parte de todo este proceso, algunos por acción, otros por omisión». Concluyó que «la tecnología se convirtió lamentablemente en un medio de extorsión», y que los responsables «abusaron de su posición de poder para poder crear un diseño criminal».