La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) emitió un pronunciamiento en el que advierte sobre una “grave regresión autoritaria” en Honduras, señalando acciones recientes del Poder Legislativo que, a su juicio, ponen en riesgo la institucionalidad democrática del país. 

En el documento, fechado el 13 de abril de 2026, la organización sostiene que el Congreso Nacional hondureño dirigido por Tomás Zambrano, ha impulsado una ofensiva para desmantelar órganos de control, lo que representaría una amenaza estructural a los derechos políticos de la ciudadanía. 

Los abusos materializados en el Legislativo y acompañados por el Partido Liberal, ya hacen eco en la comunidad internacional, en ese sentido, la Limeddh expresa preocupación por lo que denomina una “desnaturalización de las facultades de fiscalización política”, argumentando que la activación de juicios políticos contra funcionarios del sistema judicial, del Ministerio Público y del ámbito electoral no responde a mecanismos legítimos de rendición de cuentas, sino a una reconfiguración del poder estatal.

Según el organismo, estas acciones vulnerarían la independencia de poderes y los estándares establecidos por instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

A lo interno, diversos actores sociales y políticos han advertido sobre las consecuencias de las acciones, al punto que han sido calificadas como un proyecto de reinstalación dictatorial, donde el bipartidismo busca controlar todos los poderes del Estado para garantizarse impunidad.

El pronunciamiento destaca el caso del consejero electoral Marlon Ochoa, a quien la organización considera víctima de persecución judicial tras denunciar irregularidades en el proceso electoral de 2025, incluyendo fallas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y en el manejo de datos biométricos.

La Limeddh advierte que este caso reflejaría un patrón de criminalización del disenso institucional y un intento de silenciar voces críticas. 

En su análisis, la organización también alerta sobre los riesgos de una concentración de poder y un posible debilitamiento de los mecanismos de control, lo que podría derivar en un escenario de impunidad y afectar la protección de los derechos humanos en el país y la región. 

Ante esta situación, la Limeddh plantea varias exigencias, entre ellas el cese de procesos de destitución que no cumplan con estándares de debido proceso, garantías de protección para Marlon Ochoa y la intervención de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para supervisar la situación del sistema judicial hondureño. 

Finalmente, el organismo señala que se mantendrá en vigilancia permanente sobre Honduras y advierte que la consolidación de un sistema de impunidad en Centroamérica tendría repercusiones en toda la región. 

Cabe destacar que la Limeddh es una organización con cerca de 40 años de existencia y cuentan con un estatuto consultivo ante la ONU y el Consejo de Europa, asimismo, pertenecen a la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).