En un giro que ha generado fuertes críticas, Salvador Nasralla quien en 2017 denunció el fraude electoral cometido por David Matamoros Batson bajo el amparo del Partido Nacional y Liberal,  hoy respalda reformas impulsadas por el bipartidismo que buscan reinstaurar ese mismo modelo fraudulento para las elecciones generales de 2025.

Durante las elecciones de 2013 y 2017, el mecanismo utilizado por Matamoros Batson en el Tribunal Supremo Electoral fue clave para alterar resultados mediante la manipulación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). En 2017, cuando era candidato de la Alianza de Oposición (liderada por Libre), Nasralla denunció públicamente la falsificación de actas, la caída del sistema y el encubrimiento de datos que finalmente permitieron la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.

Sin embargo, en 2025, el mismo Nasralla ha avalado reformas que reintroducen ese esquema, esta vez con apoyo de los partidos tradicionales Nacional y Liberal. El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ha denunciado que el modelo aprobado por la mayoría bipartidista del órgano electoral busca reimplementar los mismos pasos del fraude de 2017.

Ochoa ha alertado que se está instalando nuevamente una etapa intermedia entre la transmisión de actas y la publicación de resultados, donde personas en Tegucigalpa deciden arbitrariamente cuáles actas se validan y cuáles no, abriendo la puerta a manipulaciones como las vividas en elecciones de 2017. Además, reveló que el CNE está adjudicando este proceso a una empresa vinculada a Mapa Soluciones (la misma que operó en 2017) pero bajo otro nombre.

En las elecciones primarias de marzo de 2025, el consejero Ochoa documentó numerosas actas con más votos que personas registradas biométricamente. A pesar de las evidencias, el bipartidismo y Nasralla han guardado silencio o han respaldado los procedimientos cuestionados, generando preocupación entre observadores y sectores democráticos del país.

El partido Libre ha sido el único en rechazar públicamente estas acciones. A través de su representación en el CNE y pronunciamientos oficiales, ha exigido que: El sistema de transmisión de resultados sea transparente y automático, sin intervención humana en la validación de actas. Se cumpla el artículo 279 de la Ley Electoral, que establece que las actas deben transmitirse simultáneamente a los servidores del CNE y de todos los partidos políticos. Todo el proceso sea público, televisado y bajo estricta observación nacional e internacional.

Las advertencias de Marlon Ochoa no son nuevas ni aisladas: alertó desde inicios de año que el bipartidismo está decidido a operar con el mismo método que facilitó el fraude en el pasado, esta vez con el aval tácito de Nasralla, quien se alinea a quienes antes denunció. El escenario actual revive los fantasmas del 2017 y confirma que, sin reformas profundas y sin voluntad política, el fraude sigue siendo una amenaza real para la democracia hondureña.